Ley de Transparencia: Resumen para

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es una de las normas más recientes en los temarios de oposiciones a la Administración Pública española. Aprobada en 2013, supuso una revolución en las obligaciones de información de las Administraciones hacia los ciudadanos.

Su contenido es preguntado de forma directa en los exámenes de auxiliares administrativos, administrativos y otras plazas de la función pública general. En este artículo encontrarás el resumen preciso que necesitas para el examen.

La norma: Ley 19/2013, de 9 de diciembre

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG o Ley de Transparencia) establece las obligaciones de transparencia para las Administraciones Públicas y regula el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública.

Es una ley ordinaria, no orgánica. Sin embargo, el derecho de acceso a la información pública es considerado por la doctrina como un derecho de rango constitucional vinculado al artículo 20.1.d) de la Constitución (derecho a recibir información) y al artículo 105.b) CE, que prevé expresamente la regulación legal del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos.

La Ley de Transparencia tiene tres objetivos principales:

Incrementar la transparencia en la actividad pública a través de obligaciones de publicidad activa.
Reconocer y garantizar el acceso a la información pública.
Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias de su incumplimiento.

Ámbito subjetivo de aplicación

El artículo 2 de la ley establece el ámbito de aplicación, que es muy amplio:

Sujetos obligados plenamente

La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.
Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Los organismos autónomos, las agencias estatales, las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades públicas sea superior al 50%.
Las fundaciones del sector público.
Las asociaciones constituidas por Administraciones, organismos y entidades públicos.
Los órganos constitucionales y de relevancia constitucional (en sus actividades sujetas a Derecho Administrativo).
La Casa Real, en los mismos términos.

Sujetos obligados de forma específica

Las corporaciones de Derecho Público (colegios profesionales, cámaras de comercio, etc.) deben publicar la información relativa a sus actividades sujetas a regulación administrativa. Los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros también están obligados.

Publicidad activa

El Título I de la Ley de Transparencia regula la publicidad activa, es decir, las obligaciones de publicar información de forma proactiva, sin necesidad de que ningún ciudadano la solicite. Esta información debe publicarse en el Portal de Transparencia de cada Administración o en la sede electrónica correspondiente.

Información institucional, organizativa y de planificación

El artículo 6 de la ley obliga a publicar:

Las funciones que desarrolla, la normativa que le es de aplicación y la estructura organizativa.
Los planes y programas anuales y plurianuales con los objetivos concretos, actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.
El grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas anteriores.

Información de relevancia jurídica

El artículo 7 de la ley obliga a publicar:

Las directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas que, con carácter general, tengan efectos jurídicos.
Los anteproyectos de ley o proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda.
Los proyectos de Planes y Programas cuando sean sometidos a un período de información pública.
La memoria e informes que conformen el expediente de elaboración de textos normativos.

Información económica, presupuestaria y estadística

El artículo 8 de la ley es el más detallado en cuanto a la información económica:

Los contratos, con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento útilizado y los adjudicatarios.
Las subvenciones y ayudas públicas concedidas.
Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución.
Las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría.
Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades.
Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales.
La información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos.

Condiciones para la publicación

El artículo 5 de la ley establece que la información publicada debe ser veraz, completa, actualizada, accesible y comprensible. Debe publicarse en un formato reutilizable cuando sea posible (principio de datos abiertos, open data).

El derecho de acceso a la información pública

El Título II de la ley regula el derecho de acceso a la información pública, que es la facultad de cualquier persona de solicitar y obtener información elaborada o adquirida en el ejercicio de las funciones de los sujetos obligados.

Titulares del derecho

El artículo 12 de la ley establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y en esta ley. No se exige acreditar un interés concreto ni una condición especial.

Solicitud de acceso

El artículo 17 de la ley regula la solicitud de acceso. La solicitud se puede presentar por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto a efectos de comunicaciones y, en su caso, la modalidad que se prefiera para acceder a la información.

No es necesario motivar la solicitud, aunque el solicitante puede hacerlo.

Límites al derecho de acceso

El artículo 14 de la ley establece los límites al derecho de acceso. Son causas tasadas que permiten denegar o restringir el acceso:

La seguridad nacional.
La defensa.
Las relaciones exteriores.
La seguridad pública.
La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
Los intereses económicos y comerciales.
La política económica y monetaria.
El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
La protección del medio ambiente.

El artículo 15 añade la protección de datos personales como límite adicional. Cuando la información contiene datos personales, la cesión está condicionada a la ponderación entre el derecho de acceso y la privacidad del afectado.

Resolución y plazos

El artículo 20 establece que la resolución de la solicitud de acceso debe dictarse y notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Este plazo puede ampliarse otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información lo haga necesario.

El silencio administrativo es negativo: si transcurre el plazo sin resolución, la solicitud se entiende desestimada.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El artículo 33 de la ley crea el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) como organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

Funciones del CTBG

Conocer las reclamaciones interpuestas contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública.
Promover la cultura de transparencia en la actividad de los poderes públicos.
Aplicar las disposiciones sobre buen gobierno e imponer las sanciones derivadas de su incumplimiento.
Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La reclamación ante el CTBG

El artículo 24 de la ley establece la reclamación ante el CTBG como una vía alternativa al recurso contencioso-administrativo. Tiene carácter potestativo y debe interponerse en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución impugnada o desde el día en que se produjo el silencio negativo.

La resolución del CTBG es susceptible de recurso contencioso-administrativo. Esta reclamación es gratuita y puede presentarse por medios electrónicos.

El buen gobierno

El Título II de la Ley de Transparencia regula el buen gobierno mediante un conjunto de principios de actuación y obligaciones específicas para los altos cargos de la Administración General del Estado. Aunque técnicamente es el Título II bis (añadido por la Ley 9/2021), la regulación original del buen gobierno establece:

Los principios generales de actuación de los altos cargos (art. 26).
Los principios de buen gobierno en materia de gestión económico-presupuestaria (art. 28).
Las infracciones en materia de conflicto de intereses (art. 29).

El artículo 30 de la ley establece un régimen sancionador específico para los altos cargos que infrinjan los principios de buen gobierno, con sanciones que pueden incluir la declaración del incumplimiento, la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y multas.

El Portal de Transparencia

El artículo 10 de la ley obliga a la Administración General del Estado a desarrollar un Portal de Transparencia de acceso gratuito en internet que fácilite el acceso de los ciudadanos a toda la información publicada. El portal está disponible en transparencia.gob.es.

Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales pueden crear sus propios portales de transparencia o útilizar mecanismos equivalentes.

Puntos clave para el examen

Antes del examen, asegúrate de dominar estos contenidos:

La ley es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (no es orgánica).
La distinción entre publicidad activa (Título I) y derecho de acceso (Título II).
Los tres tipos de información de publicidad activa: institucional, jurídica y económica (arts. 6, 7 y 8).
El plazo de resolución de solicitudes de acceso: un mes, prorrogable otro mes.
El silencio administrativo es negativo en materia de acceso a la información.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como órgano de control independiente (art. 33).
La reclamación ante el CTBG como vía alternativa al recurso contencioso, con plazo de un mes (art. 24).
Los 13 límites al derecho de acceso del artículo 14.

La transparencia es uno de los pilares de la Administración moderna. Dominar esta ley no solo te prepara para el examen, sino que te sitúa en la vanguardia de los valores del servicio público contemporáneo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo memorizar leyes para las oposiciones?

Las técnicas más efectivas son la repetición espaciada, los esquemas visuales y los tests de autoevaluación. Trabaja artículo por artículo y conecta los conceptos entre sí para crear una estructura lógica.

¿Hay que memorizar los artículos literalmente?

Depende de la oposición. En algunas se piden artículos literales, pero en la mayoría basta con conocer el contenido y saber identificar la opción correcta en un test. Consulta convocatorias anteriores.

¿Se actualizan las leyes del temario?

Sí, las leyes pueden modificarse. Es fundamental estudiar con material actualizado y estar atento a las modificaciones legislativas que se produzcan entre la convocatoria y el examen.

Ley de Transparencia: Resumen para Oposiciónes