Ley de Prevención de Riesgos Laborales: resumen para oposiciones

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) aparece en los temarios oficiales de muchas oposiciones: celador de distintos servicios de salud (SAS, SERMAS, SERGAS, IB-Salut, ICS o Sanitat Valenciana), TCAE, Auxiliar Administrativo de la Generalitat Valenciana, Bombero Especialista del Ayuntamiento de Madrid, Policía Nacional o Guardia Civil, entre otras. Las preguntas suelen centrarse en los derechos y obligaciones de trabajadores y empresarios, las modalidades de organización preventiva y la representación de los trabajadores en esta materia.

La norma y su desarrollo

La LPRL transpone la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989 (Directiva Marco). Algunas modificaciones relevantes para el examen:

Ley 54/2003, de 12 de diciembre: reforzó la integración de la prevención en el sistema general de gestión de la empresa mediante el plan de prevención (art. 16) e introdujo la presencia de recursos preventivos (art. 32 bis).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: añadió el art. 5.4, que obliga a las Administraciones públicas a considerar las variables relacionadas con el sexo en la recogida de datos y en la investigación en materia de prevención.

El desarrollo reglamentario principal es el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).

Objeto y ámbito de aplicación

El artículo 2 fija el objeto de la ley: promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. (El artículo 1 no regula el objeto, sino qué integra la normativa sobre prevención de riesgos laborales.)

Según el artículo 3, la ley se aplica:

A las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores.
A las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades previstas en la propia ley y en sus normas de desarrollo.
A las sociedades cooperativas con socios que prestan trabajo personal.

No se aplica en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Aun así, la ley inspirará la normativa específica de esos colectivos (art. 3.2). En los centros y establecimientos militares se aplica la ley con las particularidades de su normativa específica (art. 3.3).

Principios de la acción preventiva (art. 15)

El empresario aplicará las medidas de prevención con arreglo a estos principios generales:

Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en la concepción de los puestos de trabajo y en la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras a atenuar el trabajo monótono y repetitivo.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

La primacía de la protección colectiva sobre la individual es una idea clave: los equipos de protección individual (EPI) se utilizan cuando los riesgos no se pueden evitar o limitar suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o por medidas de organización del trabajo (art. 17.2).

Derechos de los trabajadores

Derecho a una protección eficaz (art. 14)

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone un correlativo deber del empresario de protección. Este deber lo es también de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Forman parte de este derecho la información, consulta y participación, la formación, la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y la vigilancia de la salud.

El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores (art. 14.5).

Información, consulta y participación (art. 18)

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban la información necesaria sobre los riesgos, tanto los que afectan a la empresa en su conjunto como a cada puesto o función, y sobre las medidas de protección y prevención aplicables. Debe además consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y la salud.

Formación (art. 19)

Cada trabajador debe recibir una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto al ser contratado (cualquiera que sea la modalidad o duración del contrato) como cuando cambien sus funciones o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Se impartirá, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

Riesgo grave e inminente (art. 21)

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente, el empresario debe informarles lo antes posible y adoptar las medidas e instrucciones necesarias para que puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo (art. 21.1).

El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud (art. 21.2). Si el empresario no adopta las medidas necesarias, los representantes legales de los trabajadores pueden acordar por mayoría la paralización de la actividad; la autoridad laboral la anulará o ratificará en el plazo de veinticuatro horas (art. 21.3). Los trabajadores o sus representantes no pueden sufrir perjuicio por ello, salvo mala fe o negligencia grave (art. 21.4).

Vigilancia de la salud (art. 22)

El empresario garantizará la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo. Solo puede llevarse a cabo con el consentimiento del trabajador. Se exceptúan, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en que el reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud, para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así lo establezca una disposición legal.

Estas medidas deben respetar el derecho a la intimidad y a la dignidad del trabajador y la confidencialidad de su información de salud. Los datos no pueden usarse con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

Trabajadores especialmente sensibles (art. 25)

El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus características personales o estado biológico conocido, incluida la discapacidad reconocida, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Obligaciones del empresario

Plan de prevención y evaluación de riesgos (art. 16)

La prevención debe integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, en todas sus actividades y niveles jerárquicos, a través de un plan de prevención de riesgos laborales. El plan incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios.

Los instrumentos esenciales para aplicar el plan son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. El empresario debe realizar una evaluación inicial de los riesgos, que se actualizará cuando cambien las condiciones de trabajo y se revisará, si fuera necesario, cuando se hayan producido daños para la salud.

Equipos de trabajo y medios de protección (art. 17)

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados y garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos, y deberá proporcionar los EPI adecuados y velar por su uso efectivo cuando sean necesarios.

Modalidades de organización preventiva

El art. 30 LPRL y el art. 10 del RSP recogen cuatro modalidades:

Asunción personal por el empresario

El empresario puede asumir personalmente la actividad preventiva (salvo la vigilancia de la salud) si la empresa tiene hasta diez trabajadores, o hasta veinticinco si dispone de un único centro de trabajo, siempre que las actividades no estén incluidas en el anexo I del RSP, desarrolle habitualmente su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria (art. 30.5 LPRL y art. 11 RSP).

Designación de trabajadores

El empresario designa a uno o varios trabajadores, que deben tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y los medios precisos y ser suficientes en número (art. 30.2 LPRL).

Servicio de prevención propio

Es obligatorio (art. 14 RSP) en empresas de más de 500 trabajadores, en las de entre 250 y 500 que desarrollen actividades del anexo I del RSP, y en las que así lo decida la autoridad laboral por la peligrosidad de la actividad o la siniestralidad, salvo que opten por un servicio de prevención ajeno.

Servicio de prevención ajeno

Es el prestado por una entidad especializada que concierta con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo (art. 10.2 RSP). Estas entidades deben estar acreditadas por la autoridad laboral (art. 31.5 LPRL).

Además, el art. 21 del RSP permite constituir servicios de prevención mancomunados entre empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, o entre empresas de un mismo sector productivo, grupo empresarial, polígono industrial o área geográfica limitada. Tienen la consideración de servicios propios de las empresas que los constituyen.

Representación de los trabajadores

Delegados de Prevención (art. 35)

Son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención. Se designan por y entre los representantes del personal, con esta escala:

Trabajadores	Delegados de Prevención
Hasta 30	El Delegado de Personal
De 31 a 49	1 (elegido por y entre los Delegados de Personal)
De 50 a 100	2
De 101 a 500	3
De 501 a 1.000	4
De 1.001 a 2.000	5
De 2.001 a 3.000	6
De 3.001 a 4.000	7
De 4.001 en adelante	8

Entre sus facultades (art. 36.2) están acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo y a los Inspectores de Trabajo en sus visitas, acceder a la información y documentación sobre condiciones de trabajo, ser informados de los daños producidos en la salud de los trabajadores y proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades del art. 21.3.

Comité de Seguridad y Salud (art. 38)

Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención. Se constituye en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. Lo forman los Delegados de Prevención, de una parte, y el empresario y/o sus representantes en número igual, de la otra. Se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones.

Responsabilidades y sanciones

El incumplimiento de las obligaciones preventivas da lugar a responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles (art. 42.1 LPRL). Las infracciones y sanciones se regulan en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS, Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto). Su art. 40.2, en la redacción vigente, fija estas multas para las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales:

Infracción	Grado mínimo	Grado medio	Grado máximo
Leve	45 a 485 €	486 a 975 €	976 a 2.450 €
Grave	2.451 a 9.830 €	9.831 a 24.585 €	24.586 a 49.180 €
Muy grave	49.181 a 196.745 €	196.746 a 491.865 €	491.866 a 983.736 €

Para graduar estas sanciones se tienen en cuenta, entre otros criterios, la peligrosidad de las actividades, el carácter permanente o transitorio de los riesgos, la gravedad de los daños, el número de trabajadores afectados, las medidas de protección adoptadas y el incumplimiento de advertencias o requerimientos previos de la Inspección (art. 39.3 LISOS).

Además, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad, el Gobierno o los órganos de gobierno de las comunidades autónomas pueden acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo (art. 53 LPRL).

Conceptos clave para el examen

Concepto	Dato esencial	Artículo
Objeto de la ley	Promover la seguridad y la salud de los trabajadores	2 LPRL
Principios de la acción preventiva	Protección colectiva antes que individual	15 LPRL
Coste de las medidas	Nunca recae sobre los trabajadores	14.5 LPRL
Riesgo grave e inminente	El trabajador puede interrumpir su actividad y abandonar el lugar	21.2 LPRL
Vigilancia de la salud	Voluntaria, con excepciones tasadas	22 LPRL
Asunción por el empresario	Hasta 10 trabajadores (25 con un único centro)	30.5 LPRL y 11 RSP
Servicio de prevención propio	Más de 500 trabajadores (250-500 con actividades del anexo I)	14 RSP
Delegados de Prevención	De 50 a 100 trabajadores: 2	35 LPRL
Comité de Seguridad y Salud	50 o más trabajadores; reunión trimestral	38 LPRL

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Preguntas frecuentes

¿Qué artículo de la LPRL recoge los principios de la acción preventiva?

El artículo 15. Enumera nueve principios, desde evitar los riesgos hasta dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

¿A partir de cuántos trabajadores es obligatorio el Comité de Seguridad y Salud?

En empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores (art. 38.2 LPRL).

¿Se actualizan las leyes del temario?

Sí. La LPRL y la LISOS se han modificado en varias ocasiones; estudia siempre con el texto consolidado del BOE y comprueba qué versión exige tu convocatoria.

Fuentes consultadas el 27/09/2026: Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, texto consolidado (BOE) (se abre en una pestaña nueva), Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE) (se abre en una pestaña nueva), Real Decreto Legislativo 5/2000, LISOS, texto consolidado (BOE) (se abre en una pestaña nueva).