Ley de Extranjería para oposiciones: resumen de la LO 4/2000

Legislación

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Ley de Extranjería o LOEx) forma parte del temario oficial de oposiciones como Policía Nacional (Escala Básica) y Guardia Civil (cabos y guardias). Este resumen repasa su ámbito, las situaciones de estancia y residencia, los visados, el régimen sancionador, la expulsión y la reagrupación familiar.

Qué es la Ley de Extranjería y a quién se aplica

La LO 4/2000 regula los derechos y libertades de los extranjeros en España, su integración social y las condiciones de entrada, estancia, residencia y trabajo. Ha sido modificada en numerosas ocasiones; entre las reformas más relevantes están las de la LO 8/2000, la LO 11/2003, la LO 14/2003 y la LO 2/2009, y la más reciente la del Real Decreto-ley 2/2025.

Se consideran extranjeros quienes carezcan de la nacionalidad española (art. 1.1). Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y quienes estén sujetos al régimen comunitario se rigen por sus propias normas (actualmente, el Real Decreto 240/2007), aplicándoseles la LO 4/2000 solo en lo que les sea más favorable (art. 1.3).

Su desarrollo reglamentario vigente es el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, que derogó el anterior Reglamento del Real Decreto 557/2011. Si tu temario o tus apuntes citan el RD 557/2011, ten en cuenta este cambio.

Situaciones de los extranjeros en España

Los extranjeros pueden encontrarse en España en situación de estancia o de residencia (art. 29).

Estancia (art. 30)

Es la permanencia en territorio español por un período no superior a 90 días (salvo lo previsto para estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o voluntariado). Transcurrido ese tiempo, para permanecer en España es preciso obtener una prórroga de estancia o una autorización de residencia (art. 30.2).

Residencia temporal (art. 31)

Autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años. Las autorizaciones pueden renovarse a petición del interesado. Algunos supuestos:

  • Residencia temporal no lucrativa: para quienes dispongan de medios suficientes sin trabajar (art. 31.2).
  • Circunstancias excepcionales: arraigo, razones humanitarias, colaboración con la Justicia u otras que se determinen reglamentariamente; en estos casos no se exige visado (art. 31.3). La ley regula además las autorizaciones de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género (art. 31 bis) y de las víctimas de trata de seres humanos (art. 59 bis).
  • Residencia temporal y trabajo, por cuenta propia o ajena (art. 31.4 y arts. 36 y ss.).

Para autorizar la residencia temporal es preciso carecer de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español (art. 31.5). Los plazos de resolución y el sentido del silencio en las renovaciones dependen del tipo de autorización y se regulan en el Reglamento.

Residencia de larga duración (art. 32)

Autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles. Tienen derecho a ella quienes hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada. Para ese cómputo se tienen en cuenta los periodos de residencia previa y continuada en otros Estados miembros como titular de la tarjeta azul de la UE (art. 32.2).

Se extingue, entre otros casos, por ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos (art. 32.5.c).

Requisitos de entrada (art. 25)

El extranjero que pretenda entrar en España debe:

  • Hacerlo por los puestos habilitados.
  • Estar provisto de pasaporte o documento de viaje válido que acredite su identidad.
  • No estar sujeto a prohibiciones expresas de entrada.
  • Presentar los documentos que justifiquen el objeto y condiciones de la estancia y acreditar medios de vida suficientes.
  • Disponer de visado, salvo que los convenios internacionales o la normativa de la UE establezcan lo contrario; no es exigible si se tiene tarjeta de identidad de extranjero o, excepcionalmente, autorización de regreso (art. 25.2).

Clases de visado (art. 25 bis)

  • Tránsito: habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español o a atravesar el territorio español.
  • Estancia: estancias cuya duración total no exceda de tres meses por semestre desde la primera entrada.
  • Residencia: habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional.
  • Residencia y trabajo: habilita para la entrada y estancia por un máximo de tres meses y para comenzar en ese plazo la actividad autorizada.
  • Residencia y trabajo de temporada: habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos.
  • Estudios: cursos, estudios, investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o voluntariado.
  • Investigación: proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida.

Documentación (art. 4)

Los extranjeros que se encuentren en España tienen el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad y la que acredite su situación en España.

Quienes tengan un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero (TIE), que deben solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización. Quedan exceptuados los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada (art. 4.2).

Infracciones y sanciones (arts. 50 a 56)

Infracciones leves (art. 52)

Entre otras:

  • La omisión o el retraso en comunicar a las autoridades los cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio.
  • El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez caducadas.
  • Encontrarse trabajando en una ocupación, sector o ámbito geográfico no contemplado en la autorización de residencia y trabajo.

Infracciones graves (art. 53)

Entre otras:

  • Encontrarse irregularmente en España por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tenerla caducada más de tres meses sin haber solicitado su renovación en plazo (art. 53.1.a).
  • Encontrarse trabajando sin autorización de trabajo cuando no se cuente con autorización de residencia válida (art. 53.1.b).
  • La ocultación dolosa o falsedad grave al comunicar cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, o la falsedad en los datos del padrón (art. 53.1.c).
  • El incumplimiento de medidas impuestas por seguridad pública, presentación periódica o alejamiento de fronteras o núcleos de población (art. 53.1.d).
  • La participación en actividades contrarias al orden público previstas como graves en la normativa de protección de la seguridad ciudadana (art. 53.1.f; la ley cita la LO 1/1992, hoy derogada y sustituida por la LO 4/2015).
  • Incumplir la obligación de solicitar la TIE (art. 53.1.h).

Infracciones muy graves (art. 54)

Entre otras:

  • Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países.
  • Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro la inmigración clandestina, siempre que el hecho no constituya delito.
  • Las conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos del art. 23, si no constituyen delito.
  • Contratar trabajadores extranjeros sin la correspondiente autorización de residencia y trabajo (una infracción por cada trabajador).

Sanciones (art. 55)

  • Leves: multa de hasta 500 euros.
  • Graves: multa de 501 a 10.000 euros.
  • Muy graves: multa de 10.001 a 100.000 euros (con cuantías especiales para ciertas infracciones de transportistas).

Las sanciones las impone, con carácter general, el Subdelegado del Gobierno o el Delegado del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales (art. 55.2).

La expulsión (arts. 57 y 58)

Cuando los infractores sean extranjeros y cometan infracciones muy graves o las graves de las letras a), b), c), d) y f) del art. 53.1, puede aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, la expulsión en lugar de la multa, previa tramitación del expediente administrativo y mediante resolución motivada (art. 57.1). En ningún caso pueden imponerse conjuntamente expulsión y multa (art. 57.3).

También es causa de expulsión, previo expediente, haber sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que constituya en España delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo antecedentes cancelados (art. 57.2).

La expulsión lleva consigo una prohibición de entrada cuya vigencia no excederá de cinco años; excepcionalmente, si el extranjero supone una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública, puede ser de hasta diez años (art. 58.1 y 58.2).

Procedimiento preferente y ordinario

  • Preferente (art. 63): se aplica, entre otros, a los supuestos de los arts. 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b) y 57.2, y a la estancia irregular del art. 53.1.a) cuando hay riesgo de incomparecencia, se dificulta la expulsión o hay riesgo para el orden público. El interesado dispone de 48 horas para alegaciones y no hay período de salida voluntaria. La ejecución de la orden es inmediata.
  • Ordinario (art. 63 bis): la resolución de expulsión incluye un plazo de cumplimiento voluntario de siete a treinta días.

Diferencia entre devolución y expulsión

  • Devolución (art. 58.3): no es preciso expediente de expulsión para devolver a los extranjeros que, habiendo sido expulsados, contravengan la prohibición de entrada, ni a los que pretendan entrar ilegalmente en el país. Si la devolución no puede ejecutarse en 72 horas, se solicitará a la autoridad judicial el internamiento (art. 58.6).
  • Expulsión (art. 57): requiere siempre la tramitación de un expediente administrativo (preferente u ordinario).

Internamiento (art. 62)

Incoado un expediente en el que pueda proponerse la expulsión (supuestos de los arts. 54.1.a y b, 53.1.a, d y f, y 57.2), el instructor puede solicitar al Juez de Instrucción competente el ingreso del extranjero en un centro de internamiento. El juez resuelve mediante auto motivado, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal. El internamiento dura el tiempo imprescindible, con un máximo de 60 días, y no puede acordarse un nuevo internamiento por las mismas causas en un mismo expediente. No puede acordarse el ingreso de menores en estos centros (art. 62.4).

Reagrupación familiar (arts. 16 a 19)

El extranjero residente puede reagrupar (art. 17):

  • Al cónyuge, si no está separado de hecho o de derecho y el matrimonio no se ha celebrado en fraude de ley, o a la persona con la que mantenga una relación de afectividad análoga a la conyugal debidamente acreditada (nunca a más de uno).
  • A los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, menores de dieciocho años o con discapacidad que no puedan proveer a sus necesidades.
  • A los menores de dieciocho años (o mayores con discapacidad) de los que sea representante legal.
  • A los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge, cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de su residencia en España (excepcionalmente, menores de esa edad por razones humanitarias).

Según la ley, el derecho puede ejercerse cuando se haya obtenido la renovación de la autorización de residencia inicial; los ascendientes solo pueden reagruparse cuando el reagrupante adquiera la residencia de larga duración (art. 18.1). El Reglamento permite presentar la solicitud cuando el reagrupante haya residido en España al menos un año y haya solicitado la autorización para residir al menos otro año (art. 68.1 del Reglamento), y exige acreditar vivienda adecuada y medios económicos suficientes (art. 18.2 de la ley y art. 67 del Reglamento).

Datos clave para el examen

  • Estancia: hasta 90 días. Residencia temporal: más de 90 días y menos de cinco años. Larga duración: indefinida, tras cinco años de residencia temporal continuada.
  • TIE: autorizaciones o visados de más de seis meses; se solicita en el plazo de un mes.
  • Multas: leves hasta 500 €; graves de 501 a 10.000 €; muy graves de 10.001 a 100.000 €.
  • Expulsión: sustituye a la multa; nunca se imponen ambas. Prohibición de entrada de hasta cinco años (excepcionalmente hasta diez).
  • Devolución: sin expediente de expulsión; si no se ejecuta en 72 horas, internamiento judicial.
  • Internamiento: lo autoriza el Juez de Instrucción; máximo 60 días.
  • Reagrupación de ascendientes: mayores de 65 años y reagrupante con residencia de larga duración.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el Reglamento de Extranjería vigente?

El aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025. Sustituyó al Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011.

¿Se pueden imponer a la vez multa y expulsión?

No. El art. 57.3 de la LO 4/2000 prohíbe imponer conjuntamente ambas sanciones.

¿Cuánto puede durar el internamiento en un CIE?

El tiempo imprescindible para los fines del expediente, con un máximo de 60 días (art. 62.2).

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Fuentes consultadas el 27/09/2026: Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, texto consolidado (BOE) (se abre en una pestaña nueva), Real Decreto 1155/2024, Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (BOE) (se abre en una pestaña nueva).

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