Ley 40/2015 LRJSP: Resumen para Oposiciones

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) es la norma que regula cómo se organizan y funcionan las Administraciones Públicas españolas. Junto con la Ley 39/2015 (LPAC), forma el binomio legislativo básico de cualquier oposición a la Administración General del Estado: la convocatoria del Cuerpo General Auxiliar publicada en el BOE de 22 de diciembre de 2025 incluye ambas leyes en el tema 11 de su programa.

Si la LPAC regula la relación de la Administración con los ciudadanos, la LRJSP regula el funcionamiento interno de la propia Administración: sus órganos, su competencia, sus relaciones con otras administraciones y el sector público institucional.

Qué regula la Ley 40/2015

Según su artículo 1, la LRJSP establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional.

Se publicó en el BOE el 2 de octubre de 2015 y, conforme a su disposición final decimoctava, entró en vigor con carácter general al año de su publicación: el 2 de octubre de 2016, el mismo día que la LPAC. La Ley 30/1992, que regulaba conjuntamente ambas materias, fue derogada expresamente por la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015.

Su ámbito de aplicación (art. 2.1) es el sector público, que comprende:

La Administración General del Estado (AGE)
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
Las Entidades que integran la Administración Local
El sector público institucional

Ojo a la distinción del artículo 2.3: son Administraciones Públicas la AGE, las de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los organismos públicos y entidades de derecho público del artículo 2.2.a). El sector público es un concepto más amplio que incluye también, por ejemplo, entidades de derecho privado vinculadas o dependientes.

Estructura de la ley

La LRJSP tiene un Título Preliminar y tres Títulos, con 158 artículos (más algunos artículos «bis» añadidos después):

Título Preliminar (arts. 1 a 53): Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Sus capítulos regulan las disposiciones generales, los órganos de las Administraciones Públicas (incluida la competencia y los órganos colegiados), los principios de la potestad sancionadora, la responsabilidad patrimonial, el funcionamiento electrónico del sector público y los convenios.
Título I (arts. 54 a 80): Administración General del Estado.
Título II (arts. 81 a 139): Organización y funcionamiento del sector público institucional.
Título III (arts. 140 a 158): Relaciones interadministrativas.

Es una pregunta trampa habitual: los órganos, la competencia, la potestad sancionadora, la responsabilidad patrimonial y los convenios no tienen Títulos propios, sino que son capítulos del Título Preliminar.

Título Preliminar: principios generales

Los principios de actuación (art. 3)

El artículo 3.1 dispone que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Además, deben respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

Servicio efectivo a los ciudadanos
Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa
Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión
Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
Responsabilidad por la gestión pública
Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas
Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados
Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales
Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos
Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas

Estos principios son frecuentes en preguntas de tipo conceptual en el examen.

Los órganos administrativos

Órgano y unidad administrativa (arts. 5 y 56)

Según el artículo 5.1, son órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Las unidades administrativas, en cambio, son los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas: comprenden puestos de trabajo vinculados funcionalmente por sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común, y se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo (art. 56). La diferencia es habitual en el examen: solo los órganos actúan con efectos jurídicos frente a terceros.

Creación de órganos (art. 5.3 y 5.4)

La creación de cualquier órgano administrativo exige, al menos:

Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica
Delimitación de sus funciones y competencias
Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento

Además, no pueden crearse órganos que dupliquen otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos.

La competencia administrativa (arts. 8 a 14)

La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación (art. 8.1). La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no alteran la titularidad de la competencia, aunque sí los elementos determinantes de su ejercicio.

Delegación de competencias (art. 9):

Los órganos pueden delegar el ejercicio de sus competencias en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes.
Las delegaciones y su revocación deben publicarse en el BOE, en el boletín de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración del órgano delegante (art. 9.3).
Las resoluciones adoptadas por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante (art. 9.4).
Salvo autorización expresa de una ley, no pueden delegarse las competencias que se ejerzan por delegación (art. 9.5).
La delegación es revocable en cualquier momento por el órgano que la confirió (art. 9.6).

Competencias que nunca pueden delegarse (art. 9.2):

Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
La adopción de disposiciones de carácter general.
La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
Las materias en que así se determine por norma con rango de ley.

Avocación (art. 10):

Los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
Si la delegación se hizo en un órgano no dependiente jerárquicamente, solo puede avocar el órgano delegante.
Se realiza mediante acuerdo motivado, notificado a los interesados con anterioridad o simultáneamente a la resolución final.
Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución del procedimiento.

Encomienda de gestión (art. 11):

Tiene por objeto actividades de carácter material o técnico, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos.
No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
Entre órganos o entidades de la misma Administración se formaliza según su normativa propia o por acuerdo expreso; entre distintas Administraciones, mediante convenio. En ambos casos el instrumento debe publicarse, para su eficacia, en el boletín oficial que corresponda (art. 11.3).

Delegación de firma (art. 12):

Los titulares de los órganos pueden delegar la firma de sus resoluciones y actos en los titulares de los órganos o unidades que de ellos dependan, dentro de los límites del artículo 9.
No altera la competencia del órgano delegante y para su validez no es necesaria su publicación.

Suplencia (art. 13):

Los titulares pueden ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, y cuando se haya declarado su abstención o recusación.
No implica alteración de la competencia y no requiere publicación.

Los órganos colegiados (arts. 15 a 22)

Secretario (art. 16): vela por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano y certifica sus actuaciones.
Quórum de constitución (art. 17.2): se requiere la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y del Secretario (o de quienes les suplan) y la de la mitad, al menos, de sus miembros.
Acuerdos (art. 17.5): se adoptan por mayoría de votos. En los órganos colegiados de la AGE, el Presidente dirime con su voto los empates (art. 19.2.d), y los miembros pueden formular voto particular (art. 19.3.c).
Orden del día (art. 17.4): no puede deliberarse sobre asuntos no incluidos, salvo que asistan todos los miembros y se declare la urgencia por mayoría.
Actas (art. 18): las levanta el Secretario y pueden aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.

Principios de la potestad sancionadora (arts. 25 a 31)

Legalidad (art. 25): la potestad sancionadora se ejerce cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley.
Irretroactividad (art. 26): se aplican las disposiciones vigentes al producirse los hechos, salvo que las posteriores favorezcan al presunto infractor o al infractor.
Tipicidad (art. 27): solo son infracciones las vulneraciones previstas como tales por una ley.
Responsabilidad (art. 28): solo pueden ser sancionadas las personas físicas y jurídicas (y otros sujetos cuando una ley les reconozca capacidad de obrar) responsables a título de dolo o culpa.
Proporcionalidad (art. 29): las sanciones administrativas nunca pueden implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
Prescripción (art. 30): si la ley sectorial no fija plazos, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones por faltas muy graves a los tres años, por graves a los dos años y por leves al año.
Concurrencia de sanciones (art. 31): no pueden sancionarse hechos ya sancionados penal o administrativamente cuando haya identidad de sujeto, hecho y fundamento (non bis in idem).

Responsabilidad patrimonial (arts. 32 a 37)

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados de toda lesión en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tengan el deber jurídico de soportar (art. 32.1). El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 32.2).

El plazo para reclamar no está en la LRJSP sino en la LPAC: el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo; en daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (art. 67.1 Ley 39/2015).

Funcionamiento electrónico (arts. 38 a 46)

Las Administraciones pueden identificarse mediante sello electrónico basado en certificado cualificado (art. 40). Para la actuación administrativa automatizada pueden usar el sello electrónico o un código seguro de verificación (CSV) (art. 42). En el resto de casos, la actuación se realiza mediante la firma electrónica del titular del órgano o empleado público (art. 43).

Convenios (arts. 47 a 53)

Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, sus organismos y entidades de derecho público o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común (art. 47.1). No lo son los protocolos generales de actuación que solo expresan intenciones sin compromisos jurídicos concretos y exigibles, ni pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos.

Los convenios suscritos por la AGE o sus organismos son eficaces una vez inscritos, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, y se publican en el BOE en el plazo de 10 días hábiles (art. 48.8).

Título I: La Administración General del Estado

Órganos superiores y directivos (art. 55.3)

Categoría	Órganos
Órganos superiores	Ministros; Secretarios de Estado
Órganos directivos	Subsecretarios y Secretarios generales; Secretarios generales técnicos y Directores generales; Subdirectores generales

Es un error frecuente considerar «órganos superiores» a los Subsecretarios o a los Secretarios generales: son órganos directivos.

Organización interna de los Ministerios (art. 58)

Pueden existir Secretarías de Estado y Secretarías Generales para la gestión de un sector de actividad administrativa.
Todo Ministerio cuenta con una Subsecretaría y, dependiendo de ella, una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes.
Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas y se organizan en Subdirecciones Generales.

Las Subsecretarías, Secretarías Generales, Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales y Subdirecciones Generales se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros (art. 59.1).

Órganos territoriales (arts. 69 a 79)

Delegados del Gobierno (art. 72): representan al Gobierno en el territorio de la Comunidad Autónoma; son órganos directivos con rango de Subsecretario, dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros.
Subdelegados del Gobierno (art. 74): existe uno en cada provincia, con nivel de Subdirector General, nombrado por el Delegado entre funcionarios del Subgrupo A1. En las Comunidades uniprovinciales sin Subdelegado, el Delegado asume sus competencias.
Directores Insulares (art. 70): existen en las islas que se determinen reglamentariamente.

El Gobierno no se regula en la LRJSP

La composición del Gobierno y la forma de sus decisiones están en la Ley 50/1997, del Gobierno, no en la LRJSP. El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros (art. 1.2 Ley 50/1997): los Secretarios de Estado no son miembros del Gobierno, aunque pueden asistir a las reuniones del Consejo de Ministros cuando sean convocados (art. 5.2). Los acuerdos de las Comisiones Delegadas del Gobierno revisten la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia (art. 24.1.e Ley 50/1997).

Título II: El sector público institucional estatal (art. 84)

Integran el sector público institucional estatal:

Los organismos públicos vinculados o dependientes de la AGE: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales
Las autoridades administrativas independientes
Las sociedades mercantiles estatales
Los consorcios
Las fundaciones del sector público
Los fondos sin personalidad jurídica
Las universidades públicas no transferidas

Los organismos autónomos desarrollan actividades propias de la Administración Pública como organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ella (art. 98). Las entidades públicas empresariales se financian con ingresos de mercado y, junto con el ejercicio de potestades administrativas, desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes susceptibles de contraprestación (art. 103). Las autoridades administrativas independientes tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión externa sobre sectores económicos o actividades determinadas (art. 109).

Título III: Relaciones interadministrativas

Principios (art. 140)

Las Administraciones se relacionan entre sí conforme a los principios de lealtad institucional; adecuación al orden de distribución de competencias; colaboración; cooperación; coordinación; eficiencia en la gestión de los recursos públicos; responsabilidad; garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos; y solidaridad interterritorial.

Conferencias Sectoriales (art. 147)

La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, que reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno competente por razón de la materia y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. Debe inscribirse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución.

Tabla comparativa LRJSP vs LPAC para el examen

Aspecto	Ley 39/2015 LPAC	Ley 40/2015 LRJSP
Objeto	Procedimiento administrativo común	Organización y régimen jurídico del sector público
Perspectiva	Ciudadano - Administración	Administración interna y relaciones entre Administraciones
Temas clave	Interesados, actos, notificaciones, silencio, recursos	Órganos, competencia, órganos colegiados, sanciones, responsabilidad, AGE
Plazo de la reclamación de responsabilidad patrimonial	Sí (art. 67.1: un año)	No (regula los principios, arts. 32 a 37)

Puntos imprescindibles para el examen

La estructura real: Título Preliminar y tres Títulos (AGE, sector público institucional, relaciones interadministrativas)
Los principios del artículo 3 y los de las relaciones interadministrativas del artículo 140
Las materias indelegables del artículo 9.2 y la regla de que no se delega lo delegado
La diferencia entre delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia, y cuáles requieren publicación
El quórum del artículo 17.2: Presidente, Secretario y la mitad, al menos, de los miembros
Órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) frente a órganos directivos (art. 55.3)
Los plazos de prescripción supletorios del artículo 30

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Preguntas frecuentes

¿Los Secretarios de Estado forman parte del Gobierno?

No. El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros (art. 1.2 de la Ley 50/1997). Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la AGE (art. 55.3 LRJSP) y pueden asistir al Consejo de Ministros si son convocados.

¿Cuál es el quórum de constitución de un órgano colegiado?

Presidente y Secretario, o quienes les suplan, y la mitad, al menos, de sus miembros (art. 17.2 LRJSP). No es «la mitad más uno».

¿Se puede recurrir un acuerdo de avocación?

No de forma autónoma. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento (art. 10.2 LRJSP).

¿Hay que publicar la delegación de firma?

No. La delegación de firma no altera la competencia y para su validez no es necesaria su publicación (art. 12.2 LRJSP). La delegación de competencias, en cambio, sí debe publicarse (art. 9.3).

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Fuentes consultadas el 25/10/2026: Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE) (se abre en una pestaña nueva), Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE) (se abre en una pestaña nueva), Ley 50/1997, del Gobierno (BOE) (se abre en una pestaña nueva), Resolución de 18 de diciembre de 2025, convocatoria del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (BOE) (se abre en una pestaña nueva).