Cortes Generales: Resumen para Oposiciones

Legislación

Las Cortes Generales se regulan en el Título III de la Constitución, «De las Cortes Generales» (artículos 66 a 96), dividido en tres capítulos: de las Cámaras (arts. 66-80), de la elaboración de las leyes (arts. 81-92) y de los Tratados Internacionales (arts. 93-96).

Configuración bicameral: Congreso y Senado

El artículo 66.1 establece que las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Esta estructura bicameral no es de igualdad total: el Congreso tiene primacía sobre el Senado en la mayoría de las materias.

Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias atribuidas por la Constitución (art. 66.2).

El artículo 66.3 declara que las Cortes Generales son inviolables. Es una prerrogativa de la institución, distinta de la inviolabilidad e inmunidad personales de Diputados y Senadores (art. 71).

El Congreso de los Diputados: composición y funciones

Composición y sistema electoral

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (art. 68.1). La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) fija el número en 350 (art. 162.1 LOREG). La circunscripción electoral es la provincia y las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una por un Diputado (art. 68.2 CE).

El Congreso es elegido por cuatro años, y el mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara (art. 68.4). Tras una disolución anticipada, el nuevo Congreso es elegido de nuevo por cuatro años: no completa el período del anterior.

La Constitución exige criterios de representación proporcional (art. 68.3). La LOREG concreta el reparto: no participan las candidaturas que no obtengan al menos el 3 % de los votos válidos emitidos en la circunscripción, y los escaños se asignan dividiendo los votos de cada candidatura por 1, 2, 3, etc. (método D’Hondt, art. 163.1 LOREG).

Funciones exclusivas del Congreso

El Congreso tiene funciones que el Senado no puede ejercer o en las que el Congreso prevalece definitivamente:

  • Investidura del Presidente del Gobierno (art. 99)
  • Moción de censura constructiva (art. 113)
  • Cuestión de confianza (art. 112)
  • Autorización de la prórroga del estado de alarma, que declara el Gobierno por un máximo de quince días (art. 116.2)
  • Autorización previa del estado de excepción, que declara el Gobierno (art. 116.3)
  • Declaración del estado de sitio por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno (art. 116.4)
  • Última palabra en el procedimiento legislativo: puede levantar el veto del Senado y decidir sobre sus enmiendas (art. 90.2)

Estas competencias exclusivas reflejan la posición preeminente del Congreso como cámara de representación directa del pueblo español.

El Senado: la Cámara de representación territorial

Composición y elección

El Senado es la Cámara de representación territorial (art. 69.1). Se compone de senadores elegidos por sufragio universal y senadores designados por las Comunidades Autónomas (art. 69.5).

En cada provincia se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto (art. 69.2). En las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular es una circunscripción: tres Senadores para cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno para cada una de las siguientes: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma (art. 69.3, en la redacción de la reforma constitucional de 19 de mayo de 2026; la separación de Ibiza y Formentera se aplica desde las primeras elecciones al Senado posteriores a esa reforma). Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una (art. 69.4).

Las Comunidades Autónomas designan además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio (art. 69.5). La designación corresponde a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad, según sus Estatutos. El Senado es elegido por cuatro años y el mandato termina cuatro años después de la elección o el día de la disolución (art. 69.6).

Función constitucional específica

El Senado es Cámara de representación territorial, lo que le confiere protagonismo en los supuestos del artículo 155 (actuación del Estado sobre las CCAA que incumplan la Constitución). La aprobación del artículo 155 requiere mayoría absoluta del Senado, no del Congreso.

La Constitución también da al Senado la iniciativa en dos decisiones de las Cortes con proyección territorial: la autorización de acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas (art. 145.2) y la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2). En ambas el procedimiento empieza en el Senado (art. 74.2).

Las sesiones y el régimen de trabajo de las Cámaras

Períodos ordinarios y extraordinarios

Las Cámaras se reúnen anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio (art. 73.1).

Las Cámaras pueden reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Se convocan sobre un orden del día determinado y se clausuran una vez agotado (art. 73.2).

La Diputación Permanente

En cada Cámara hay una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica, presidida por el Presidente de la Cámara (art. 78.1 y 78.2).

Sus funciones son: pedir la reunión en sesión extraordinaria (art. 73); asumir las facultades de las Cámaras sobre decretos-ley y estados de alarma, excepción y sitio (arts. 86 y 116) cuando estén disueltas o haya expirado su mandato, y velar por los poderes de las Cámaras cuando no estén reunidas (art. 78.2). Sigue en funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes (art. 78.3).

El estatuto del parlamentario

Inviolabilidad e inmunidad

Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1).

Durante el período de su mandato, los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito (art. 71.2). Para ser inculpados o procesados se necesitará la previa autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio).

Fuero especial e incompatibilidades

Las causas contra los Diputados y Senadores serán competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71.3). Este fuero especial garantiza que los parlamentarios sean juzgados por el más alto tribunal del país.

Los Diputados y Senadores perciben una asignación fijada por las respectivas Cámaras (art. 71.4).

La ley electoral determina las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional; los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, salvo los miembros del Gobierno; el Defensor del Pueblo; los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo; los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo, y los miembros de las Juntas Electorales (art. 70.1).

El procedimiento legislativo ordinario

Iniciativa legislativa

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado (art. 87.1). Las Asambleas de las Comunidades Autónomas pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley (art. 87.2). La iniciativa popular exige no menos de 500.000 firmas acreditadas (art. 87.3).

La iniciativa popular no procede en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia (art. 87.3).

Tramitación parlamentaria

Los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros, que los somete al Congreso con una exposición de motivos y los antecedentes necesarios (art. 88). La tramitación de las proposiciones de ley se regula en los Reglamentos de las Cámaras (art. 89.1).

Aprobado por el Congreso, el texto pasa al Senado, que dispone de dos meses desde su recepción para oponer su veto o introducir enmiendas mediante mensaje motivado (art. 90.2); el plazo se reduce a veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso (art. 90.3). El veto debe aprobarse por mayoría absoluta del Senado.

  • Si el Senado opone veto: el Congreso puede ratificar el texto inicial por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses desde la interposición del veto, por mayoría simple
  • Si el Senado introduce enmiendas: el Congreso decide por mayoría simple si las acepta o no

Sanción y promulgación

El Rey sanciona las leyes aprobadas por las Cortes Generales, las promulga y ordena su inmediata publicación (art. 91). El plazo para la sanción es de 15 días.

La sanción real es un acto debido: el artículo 91 dice que el Rey «sancionará» las leyes en ese plazo, y como todos sus actos requiere refrendo (art. 64).

Los tipos de leyes en la Constitución

Leyes orgánicas

Las leyes orgánicas regulan los derechos fundamentales (Sección 1.ª del Capítulo II del Título I), los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás materias previstas en la Constitución (art. 81.1).

Requieren mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto del proyecto. El Senado puede oponerse pero el Congreso prevalece. Esta mayoría reforzada refleja la importancia de las materias reguladas.

Leyes ordinarias y especiales

Las leyes ordinarias requieren mayoría simple y no pueden regular las materias reservadas a ley orgánica. Constituyen el tipo normal de ley en nuestro ordenamiento jurídico.

Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias no reservadas a ley orgánica (art. 82.1): mediante una ley de bases, cuando se trata de formar textos articulados, o mediante una ley ordinaria, cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo (art. 82.2).

Decretos legislativos y decretos-ley

Los decretos legislativos son las normas con rango de ley que dicta el Gobierno en virtud de delegación de las Cortes (arts. 82-85). La delegación debe ser expresa, para materia concreta y con plazo fijado; se agota con su uso y no puede entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado (art. 82.3).

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decreto-ley (art. 86). No pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas ni el Derecho electoral general. El Congreso debe convalidarlos o derogarlos en 30 días.

Los mecanismos de control parlamentario

Control ordinario

Las Cortes controlan al Gobierno a través de los mecanismos del Título V (arts. 108-116). El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se les formulen en las Cámaras, y los Reglamentos deben fijar un tiempo mínimo semanal para este debate (art. 111.1). Toda interpelación puede dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición (art. 111.2).

Control de responsabilidad política

La moción de censura constructiva permite al Congreso exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de una moción de censura (art. 113). Es “constructiva” porque debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno. Debe proponerla al menos la décima parte de los Diputados (art. 113.2) y, si no se aprueba, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones (art. 113.4).

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear al Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general, que se entiende otorgada cuando vota a favor la mayoría simple (art. 112). Si el Congreso niega la confianza, el Gobierno presenta su dimisión al Rey (art. 114.1).

Estos mecanismos garantizan que el Gobierno mantenga el apoyo parlamentario necesario para gobernar, reforzando el principio democrático de responsabilidad política.

Los Presupuestos Generales del Estado

Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación (art. 134.1). Los Presupuestos tienen carácter anual, incluyen la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consigna el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado (art. 134.2).

  • Presentación: el Gobierno debe presentarlos ante el Congreso al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior (art. 134.3).
  • Prórroga automática: si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio, se consideran automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos (art. 134.4).
  • Conformidad del Gobierno: toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación (art. 134.6).
  • Límite material: la Ley de Presupuestos no puede crear tributos; puede modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea (art. 134.7).

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia principal entre el Congreso y el Senado?

El Congreso es la cámara de representación directa del pueblo español, mientras que el Senado es la cámara de representación territorial. El Congreso tiene primacía en la mayoría de funciones, especialmente en la investidura del Presidente del Gobierno y en el procedimiento legislativo.

¿Qué mayoría se necesita para aprobar una ley orgánica?

Las leyes orgánicas requieren mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en la votación final sobre el conjunto del proyecto. Con 350 Diputados (art. 162.1 LOREG), la mayoría absoluta son 176. Esta mayoría reforzada refleja la importancia de las materias que regulan estas leyes.

¿Cuánto tiempo tiene el Senado para pronunciarse sobre una ley?

El Senado dispone de dos meses desde la recepción del texto para oponer su veto o introducir enmiendas, y de veinte días naturales si el proyecto ha sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso (art. 90.2 y 90.3).

¿Qué es la inviolabilidad parlamentaria?

La inviolabilidad protege a los Diputados y Senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (art. 71.1). No debe confundirse con la inmunidad, que solo rige durante el mandato e impide su detención salvo flagrante delito y su inculpación o procesamiento sin autorización de la Cámara (art. 71.2).

¿Cuándo puede el Gobierno dictar un decreto-ley?

El Gobierno puede dictar decretos-ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Estas normas tienen carácter provisional y deben ser convalidadas o derogadas por el Congreso en un plazo de 30 días desde su promulgación.

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Fuentes consultadas el 25/10/2026: Constitución Española, arts. 64, 66-96, 111-116, 134, 145 y 158 (BOE, texto consolidado con la reforma de 19 de mayo de 2026) (se abre en una pestaña nueva), Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, arts. 162 y 163 (BOE) (se abre en una pestaña nueva).

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