Contratos del Sector Público: resumen de la LCSP para oposiciones

Marco normativo de la contratación pública

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) regula cómo contratan las entidades del sector público obras, suministros y servicios. Transpone al ordenamiento español las Directivas 2014/23/UE (adjudicación de contratos de concesión) y 2014/24/UE (contratación pública).

Según su disposición final decimosexta, entró en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE (publicada el 9 de noviembre de 2017), es decir, el 9 de marzo de 2018, con algunas excepciones para preceptos concretos. Sustituyó al texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011. Su articulado llega hasta el artículo 347, al que se suman numerosas disposiciones adicionales y finales.

Si la contratación pública entra en el temario de tu convocatoria, estos son los bloques básicos de la ley. Comprueba siempre en las bases qué partes de la LCSP se exigen.

Principios de la contratación pública (art. 1)

El artículo 1.1 establece que la ley regula la contratación del sector público para garantizar que se ajusta a los principios de:

• Libertad de acceso a las licitaciones.
• Publicidad y transparencia de los procedimientos.
• No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

Y para asegurar, en conexión con la estabilidad presupuestaria, el control del gasto y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos, mediante la definición previa de las necesidades, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Criterios sociales y medioambientales

El artículo 1.3 dispone que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato. También se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas de economía social.

Ámbito subjetivo (art. 3)

El artículo 3 distingue tres círculos de entidades:

Sector público (art. 3.1)

Incluye, entre otras, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las universidades públicas, las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las entidades públicas empresariales y las sociedades mercantiles con participación pública mayoritaria.

Administraciones Públicas (art. 3.2)

Tienen esta consideración, entre otras, la Administración General del Estado, las autonómicas y las locales, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, los organismos autónomos, las universidades públicas y las autoridades administrativas independientes, así como determinados consorcios y entidades de derecho público que no se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. Se les aplica el régimen más completo de la ley.

Poderes adjudicadores (art. 3.3)

Son poderes adjudicadores las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las demás entidades con personalidad jurídica propia creadas para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, cuando otro poder adjudicador financie mayoritariamente su actividad, controle su gestión o nombre a más de la mitad de su órgano de administración. Las corporaciones de derecho público, como los colegios profesionales, solo quedan sujetas cuando cumplan esos requisitos (art. 3.5).

Las entidades del sector público que no son poderes adjudicadores (por ejemplo, ciertas sociedades mercantiles públicas) se rigen por reglas propias más flexibles (arts. 321 y 322).

Tipos de contratos

El artículo 12 enumera los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.

Contrato de obras (art. 13)

Tiene por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los trabajos del anexo I. Se entiende por «obra» el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

Contrato de concesión de obras (art. 14)

El concesionario realiza prestaciones propias del contrato de obras y su contraprestación consiste en el derecho a explotar la obra, solo o acompañado del de percibir un precio. Ese derecho implica la transferencia al concesionario de un riesgo operacional (riesgo de demanda, de suministro o ambos). Su duración máxima, incluidas las prórrogas, es de cuarenta años (art. 29.6).

Contrato de concesión de servicios (art. 15)

Uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso la gestión de un servicio de su titularidad o competencia, y la contrapartida es el derecho a explotar el servicio, solo o acompañado de un precio. También implica la transferencia del riesgo operacional. Su duración máxima (art. 29.6) es de cuarenta años si comprende la ejecución de obras y la explotación del servicio, veinticinco años con carácter general y diez años para servicios sanitarios que no incluyan obras.

Contrato de suministro (art. 16)

Tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

Contrato de servicios (art. 17)

Su objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. No pueden ser objeto de este contrato los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

Contratos mixtos (art. 18)

Son los que contienen prestaciones correspondientes a otro u otros contratos de distinta clase. Para determinar las normas de adjudicación, como regla general se atiende al carácter de la prestación principal; en algunos supuestos (por ejemplo, servicios y suministros) el objeto principal se determina por el mayor de los valores estimados.

Duración de suministros y servicios

Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tienen un plazo máximo de cinco años, incluidas las prórrogas, salvo excepciones (art. 29.4). Los contratos menores no pueden durar más de un año ni prorrogarse (art. 29.8).

Procedimientos de adjudicación

La adjudicación se realiza, ordinariamente, utilizando una pluralidad de criterios basados en la mejor relación calidad-precio y mediante el procedimiento abierto o el restringido (art. 131.2).

Procedimiento abierto (art. 156)

Todo empresario interesado puede presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato. En los contratos de las Administraciones Públicas no sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días (veintiséis en obras y concesiones), según el art. 156.6.

Existen dos variantes: el procedimiento abierto simplificado (art. 159) y su tramitación sumaria del art. 159.6, aplicable a obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y a suministros y servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros (salvo prestaciones de carácter intelectual).

Procedimiento restringido (art. 160)

Cualquier empresa puede solicitar participar, pero solo pueden presentar proposiciones los empresarios que, en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación. Está prohibida toda negociación. La ley lo considera especialmente adecuado para servicios intelectuales de especial complejidad, como algunos de consultoría, arquitectura o ingeniería.

Procedimientos con negociación (arts. 166 a 171)

La adjudicación recae en el licitador justificadamente elegido tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos. Solo pueden utilizarse en los casos de los artículos 167 (licitación con negociación) y 168 (negociado sin publicidad).

Diálogo competitivo y asociación para la innovación

En el diálogo competitivo (art. 172) una mesa especial dirige un diálogo con los candidatos seleccionados para desarrollar soluciones que sirvan de base a sus ofertas. La asociación para la innovación (art. 177) tiene como finalidad desarrollar productos, servicios u obras innovadores que no pueden adquirirse en el mercado y su compra ulterior.

Contratos menores (art. 118)

Son contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros en obras e inferior a 15.000 euros en suministros y servicios.

Su tramitación exige:

• Un informe del órgano de contratación que justifique de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto para evitar la aplicación de esos umbrales (art. 118.2).
• La aprobación del gasto y la incorporación de la factura (art. 118.3).
• En obras, además, el presupuesto de las obras (art. 118.4).

El informe del apartado 2 no es necesario en los contratos pagados mediante anticipos de caja fija u otro sistema similar para pagos menores, siempre que su valor estimado no exceda de 5.000 euros (art. 118.5). Los contratos menores se publican en la forma prevista en el art. 63.4.

Criterios de adjudicación (art. 145)

Los contratos se adjudican utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor relación calidad-precio. Previa justificación, puede atenderse a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste (por ejemplo, el coste del ciclo de vida). Los criterios cualitativos pueden incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato y deben ir acompañados de un criterio relacionado con los costes.

Garantías

• Garantía provisional (art. 106): con carácter general no se exige. Solo de forma excepcional y motivada, y su importe no puede superar el 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
• Garantía definitiva (art. 107): el licitador que presente la mejor oferta debe constituir una garantía del 5 % del precio final ofertado, IVA excluido. En casos especiales puede exigirse una complementaria de hasta otro 5 %, hasta un total del 10 %.

Las garantías definitivas pueden prestarse en efectivo o en valores de Deuda Pública, mediante aval o mediante seguro de caución (art. 108.1) y, si lo prevén los pliegos, mediante retención en el precio (art. 108.2).

Órganos de asistencia y registros

Mesa de contratación (art. 326)

Asiste a los órganos de contratación de las Administraciones Públicas en los procedimientos abierto, abierto simplificado, restringido, diálogo competitivo, licitación con negociación y asociación para la innovación. En el negociado sin publicidad es potestativa (salvo imperiosa urgencia del art. 168.b.1.º), igual que en la tramitación sumaria del art. 159.6.

Está constituida por un Presidente, los vocales que se determinen reglamentariamente y un Secretario. Entre los vocales deben figurar necesariamente un funcionario encargado del asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un interventor (o quienes tengan atribuidas esas funciones). No pueden formar parte de ella los cargos públicos representativos ni el personal eventual.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas (art. 337)

El ROLECE inscribe los datos relevantes para acreditar las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con el sector público, incluidas las facultades de sus representantes. Depende del Ministerio de Hacienda.

Recurso especial en materia de contratación

• Contratos recurribles (art. 44): entre otros, obras y concesiones de obras o de servicios de valor estimado superior a tres millones de euros, y suministros y servicios de valor estimado superior a cien mil euros.
• Órgano (art. 45): en el sector público estatal, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales; las comunidades autónomas pueden tener sus propios órganos.
• Plazo (art. 50): quince días hábiles, con reglas de cómputo según el acto recurrido.
• Suspensión (art. 53): cuando el acto recurrido es la adjudicación, la interposición suspende la tramitación del procedimiento (salvo contratos basados en acuerdos marco o en sistemas dinámicos de adquisición). En los demás casos no hay suspensión automática, sin perjuicio de las medidas cautelares.

Puntos clave para el examen

• LCSP: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en vigor desde el 9 de marzo de 2018.
• Principios del art. 1: libertad de acceso, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato, eficiencia, libre competencia y oferta económicamente más ventajosa.
• Contratos del art. 12: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.
• Contratos menores (art. 118): inferiores a 40.000 euros (obras) y 15.000 euros (suministros y servicios).
• Procedimientos ordinarios: abierto y restringido (art. 131.2).
• Garantía definitiva: 5 % del precio final ofertado, IVA excluido (art. 107).
• Recurso especial: quince días hábiles (art. 50).

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público?

La Ley 9/2017 entró en vigor, con carácter general, el 9 de marzo de 2018, a los cuatro meses de su publicación en el BOE.

¿Cuáles son los límites de los contratos menores?

Valor estimado inferior a 40.000 euros en obras e inferior a 15.000 euros en suministros y servicios (art. 118.1). No pueden durar más de un año ni prorrogarse.

¿Qué es la mejor relación calidad-precio?

Es la base de la adjudicación según el art. 145: se valoran criterios económicos y cualitativos (calidad, aspectos medioambientales o sociales, organización del personal, servicio posventa…), no solo el precio.

¿Cuál es el plazo del recurso especial en materia de contratación?

Quince días hábiles (art. 50.1). Si se recurre la adjudicación, el procedimiento queda en suspenso (art. 53).

¿Qué importe tiene la garantía definitiva?

El 5 % del precio final ofertado, excluido el IVA (art. 107.1). Se puede prestar en efectivo o valores de Deuda Pública, aval o seguro de caución.

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Fuentes consultadas el 27/09/2026: Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, texto consolidado (BOE)↗ (se abre en una pestaña nueva).